CARLOS E. CAÑAR SARRIA
carlosecanar@hotmail.com
Como consecuencia del derrumbe de las famosas ‘pirámides’, encontramos el desconcierto generalizado de la población, el reconocimiento de la negligencia estatal para intervenir a tiempo y evitar un ‘terremoto social’. Las actitudes encontradas, angustiadas e incoherentes de la gente, que un día denuncia a las entidades captadoras de dinero y al otro día se pronuncia a su favor y retira las denuncias. Pronunciamientos en pro y en contra de esta manera masiva de captar dinero, son apenas unas reacciones sobre este fenómeno que concentrará el interés de la opinión pública por mucho tiempo. Anota Maquiavelo que “el hombre olvida más rápidamente la pérdida de su padre que la pérdida de su patrimonio”.
Existe un Estado abstracto a la hora de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…” Aquello de que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, tal como lo señala el Artículo 2 de la Carta Política, se constata muy poco.
La codicia y el egoísmo connaturales al ser humano, hacen a la gente presa fácil de caer en las tentaciones del demonio, tentaciones muchas veces no exentas de necesidades económicas insatisfechas.
Entidades financieras voraces e insaciables, los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a una vida digna limitados o suspendidos, hacen difícil evitar la captación masiva de dinero y la actitud de miles de personas que vieron o ven en las pirámides una luz al final del túnel.
Personas humildes y hasta encumbrados funcionarios públicos se convirtieron en inversionistas. Hubo ambigüedad sobre la legalidad o ilegalidad de los ahorros, pues por una parte algunas autoridades y algunos medios de comunicación se pronunciaban en contra, pero al mismo tiempo advertían que no se les había podido comprobar nada irregular a las empresas.
Todo resultó una quimera, una fantasía. Se despertó del sueño ‘encantador’ y apareció la pesadilla para los habitantes. Y para el Estado que no vislumbra por ningún lado una economía social capaz de aliviar las profundas desigualdades socioeconómicas. El Gobierno anuncia medidas para tipificar el delito y estudia la posibilidad de devolver dineros recuperados de las ‘pirámides’ a los ahorradores. El Superintendente Financiero, César Prado, renunció y el Presidente le aceptó la renuncia.
carlosecanar@hotmail.com
Como consecuencia del derrumbe de las famosas ‘pirámides’, encontramos el desconcierto generalizado de la población, el reconocimiento de la negligencia estatal para intervenir a tiempo y evitar un ‘terremoto social’. Las actitudes encontradas, angustiadas e incoherentes de la gente, que un día denuncia a las entidades captadoras de dinero y al otro día se pronuncia a su favor y retira las denuncias. Pronunciamientos en pro y en contra de esta manera masiva de captar dinero, son apenas unas reacciones sobre este fenómeno que concentrará el interés de la opinión pública por mucho tiempo. Anota Maquiavelo que “el hombre olvida más rápidamente la pérdida de su padre que la pérdida de su patrimonio”.
Existe un Estado abstracto a la hora de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…” Aquello de que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, tal como lo señala el Artículo 2 de la Carta Política, se constata muy poco.
La codicia y el egoísmo connaturales al ser humano, hacen a la gente presa fácil de caer en las tentaciones del demonio, tentaciones muchas veces no exentas de necesidades económicas insatisfechas.
Entidades financieras voraces e insaciables, los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a una vida digna limitados o suspendidos, hacen difícil evitar la captación masiva de dinero y la actitud de miles de personas que vieron o ven en las pirámides una luz al final del túnel.
Personas humildes y hasta encumbrados funcionarios públicos se convirtieron en inversionistas. Hubo ambigüedad sobre la legalidad o ilegalidad de los ahorros, pues por una parte algunas autoridades y algunos medios de comunicación se pronunciaban en contra, pero al mismo tiempo advertían que no se les había podido comprobar nada irregular a las empresas.
Todo resultó una quimera, una fantasía. Se despertó del sueño ‘encantador’ y apareció la pesadilla para los habitantes. Y para el Estado que no vislumbra por ningún lado una economía social capaz de aliviar las profundas desigualdades socioeconómicas. El Gobierno anuncia medidas para tipificar el delito y estudia la posibilidad de devolver dineros recuperados de las ‘pirámides’ a los ahorradores. El Superintendente Financiero, César Prado, renunció y el Presidente le aceptó la renuncia.