Si hay algún responsable de la situación actual, es el gobierno Uribe, cuyos funcionarios quieren pescar en el río revuelto que provocaron con su lamentable reacción a la marcha de 2009. En lugar de escuchar a los indígenas, intentaron dividirlos. Basta repasar los videos del exministro Valencia Cossio asistiendo a la ceremonia de fundación de la OPIC, la asociación de un puñado de indígenas patrocinados por el gobierno anterior para celebrar la fallida seguridad democrática y deslegitimar al CRIC, la organización histórica de los nasa. Como el descaro es superado sólo por la falta de memoria, hoy los medios afectos al uribismo le abren los micrófonos a la OPIC para “escuchar una voz indígena distinta”.
El segundo mito es que los indígenas rebelados siguen órdenes de las Farc. Pero cualquiera que haya estado en el norte del Cauca, o visitado las comunidades de la Sierra Nevada, la Orinoquia o la Amazonia, sabe lo que la Organización Nacional Indígena de Colombia ha dicho hace tiempo: que los indígenas son las primeras víctimas de las Farc, que la guerrilla sigue sembrando minas quiebrapatas en los territorios embera para proteger las rutas del narcotráfico en Córdoba y que continúa desplazando y asesinando a líderes awás y de otros pueblos por oponerse al control guerrillero.
De modo que la acusación de complicidad colectiva con las Farc no resiste el menor examen empírico. Y los mismos nasas han denunciado y castigado casos individuales de infiltración.
Entonces, ¿por qué la resistencia indígena a la presencia militar? El interrogante es válido, pero da por sentado el tercer mito: que las Fuerzas Armadas han garantizado la seguridad y los derechos de las comunidades. En realidad, con frecuencia han hecho lo contrario, como lo sugiere el asesinato sin resolver del líder nasa Edward Legarda. O el recuerdo fresco de la desprotección de pueblos enteros como los kankuamos de la Sierra, que estuvieron cerca de ser exterminados por los paramilitares ante la mirada pasiva de las Fuerzas Armadas. Nada de esto implica que el Ejército deba salir del Cauca, pero sí explica el reclamo desesperado de los nasas.
Lo cual nos lleva al cuarto mito: que los detalles de las operaciones militares en territorio indígena son innegociables por orden de la Constitución. La verdad es que la misma Carta —junto con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU— exige que el tema sea consultado con las comunidades afectadas, como lo está haciendo el Gobierno.
Con ello llegamos al último mito: que la consulta no va a funcionar porque los indígenas no conciertan. Pero el propio Aurelio Iragorri, vocero gubernamental en las negociaciones caucanas, sabe que es posible lograr acuerdos cuando hay voluntad política y diálogos genuinos. Así sucedió el año pasado con la consulta del excelente decreto-ley sobre reparación a víctimas indígenas.
Hacen bien el gobierno y los nasas en evitar la violencia y sentarse a dialogar. Ojalá los dejen los fabricantes de mitos.
*Miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org).
