La guerra en el Cauca
En estas circunstancias es muy difícil pensar en cualquier esfuerzo de iniciar un diálogo que pueda fructificar en un acuerdo de paz. No se trata de un grupo guerrillero que tiene control territorial permanente sobre determinadas zonas del país, ni se trata de un grupo con verdaderas reivindicaciones sociales. Lo que sucede en el Departamento Cauca ya no lo podemos catalogar como conflicto armado, que son las dos palabras preferidas por nuestros dirigentes para quitarse presión en torno a las reiteradas acciones guerrilleras que afectan de forma preocupante todos los estamentos sociales de nuestra región; por estas premisas, lo que pasa en nuestra sufrida región hay que roturarlo simplemente como una guerra. Primero, porque al departamento del Cauca lo convirtieron ambos bandos en el territorio ‘trofeo’, en el que las demostraciones de fuerza se exhiben como el golpe mediático para generar sensación de superioridad. En ese juego por lo menos cayó el Presidente Juan Manuel Santos a mitad de semana cuando se trajo a todos sus ministros a Toribío intentando mostrar tranquilidad y control en una región donde esas dos palabras son una utopía. Segundo, porque las acciones de guerra, así no lo quieran reconocer los mandos militares y policiales que se acostumbraron a guardar silencio sobre el tema, son cada vez más frecuentes, intensas y duraderas; ejemplos palpitantes se pueden vivir en municipios del nororiente como Toribío, Miranda, Jambaló y Caloto, entre otros, Timbiquí, en la costa Pacífica; o en el suroccidente caucano, donde localidades de Argelia como El Mango y El Plateado están sitiadas, literalmente hablando, no solo por las Farc, sino por múltiples factores delincuenciales como la minería ilegal, el narcotráfico, el paramilitarismo y la delincuencia común. Tercero, porque ya hablamos de acciones de gran calado que esta semana, de una u otra forma afectaron dos aeronaves. Una civil que fue dinamitada en El Plateado luego que sus tripulantes se vieron obligados a aterrizar de emergencia y para colmo secuestrados por las Farc; y la militar, que chocó en zona rural de Jambaló en un incidente del que las Farc aseguran haber derribado versión que el gobierno insiste en desmentir señalando que se trató de un accidente. Lo más preocupante de todo es que en cualquier caso es la población civil la que sale perdiendo. En el nororiente, por ejemplo, el pueblo indígena caucano clama por paz y cree que mientras aumenten los militares, allí habrá confrontación armada. Se sienten atrapados en una guerra “ajena”, y creen que la única forma de acabarla es que todos los actores armados salgan de su territorio. Además, proponen que sus comunidades, sus cabildos, sus alguaciles, ejerzan el control apoyados en la guardia indígena. Es un sueño utópico. Primero, la guerrilla considera vital este territorio pues en esas montañas escarpadas que conectan con la costa del Pacífico funciona un corredor utilizado para su movilidad y para las operaciones de narcotráfico que financian su guerra. Segundo, el Estado está obligado constitucionalmente a defender la vida y bienes de los ciudadanos, y parte de esa obligación es sacar a la guerrilla de estos territorios, de los que no se irán voluntariamente. Una disyuntiva que también está siendo usada a conveniencia por los actores armados. En estas circunstancias es muy difícil pensar en cualquier esfuerzo de iniciar un diálogo que pueda fructificar en un acuerdo de paz. No se trata de un grupo guerrillero que tiene control territorial permanente sobre determinadas zonas del país, ni se trata de un grupo con verdaderas reivindicaciones sociales. Las Farc se volvieron una banda delincuencial que ataca y huye, que vive del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, y que no parece dispuesta a mostrar su voluntad de paz. ¿Cómo se puede negociar con ellos?
En estas circunstancias es muy difícil pensar en cualquier esfuerzo de iniciar un diálogo que pueda fructificar en un acuerdo de paz. No se trata de un grupo guerrillero que tiene control territorial permanente sobre determinadas zonas del país, ni se trata de un grupo con verdaderas reivindicaciones sociales. Lo que sucede en el Departamento Cauca ya no lo podemos catalogar como conflicto armado, que son las dos palabras preferidas por nuestros dirigentes para quitarse presión en torno a las reiteradas acciones guerrilleras que afectan de forma preocupante todos los estamentos sociales de nuestra región; por estas premisas, lo que pasa en nuestra sufrida región hay que roturarlo simplemente como una guerra. Primero, porque al departamento del Cauca lo convirtieron ambos bandos en el territorio ‘trofeo’, en el que las demostraciones de fuerza se exhiben como el golpe mediático para generar sensación de superioridad. En ese juego por lo menos cayó el Presidente Juan Manuel Santos a mitad de semana cuando se trajo a todos sus ministros a Toribío intentando mostrar tranquilidad y control en una región donde esas dos palabras son una utopía. Segundo, porque las acciones de guerra, así no lo quieran reconocer los mandos militares y policiales que se acostumbraron a guardar silencio sobre el tema, son cada vez más frecuentes, intensas y duraderas; ejemplos palpitantes se pueden vivir en municipios del nororiente como Toribío, Miranda, Jambaló y Caloto, entre otros, Timbiquí, en la costa Pacífica; o en el suroccidente caucano, donde localidades de Argelia como El Mango y El Plateado están sitiadas, literalmente hablando, no solo por las Farc, sino por múltiples factores delincuenciales como la minería ilegal, el narcotráfico, el paramilitarismo y la delincuencia común. Tercero, porque ya hablamos de acciones de gran calado que esta semana, de una u otra forma afectaron dos aeronaves. Una civil que fue dinamitada en El Plateado luego que sus tripulantes se vieron obligados a aterrizar de emergencia y para colmo secuestrados por las Farc; y la militar, que chocó en zona rural de Jambaló en un incidente del que las Farc aseguran haber derribado versión que el gobierno insiste en desmentir señalando que se trató de un accidente. Lo más preocupante de todo es que en cualquier caso es la población civil la que sale perdiendo. En el nororiente, por ejemplo, el pueblo indígena caucano clama por paz y cree que mientras aumenten los militares, allí habrá confrontación armada. Se sienten atrapados en una guerra “ajena”, y creen que la única forma de acabarla es que todos los actores armados salgan de su territorio. Además, proponen que sus comunidades, sus cabildos, sus alguaciles, ejerzan el control apoyados en la guardia indígena. Es un sueño utópico. Primero, la guerrilla considera vital este territorio pues en esas montañas escarpadas que conectan con la costa del Pacífico funciona un corredor utilizado para su movilidad y para las operaciones de narcotráfico que financian su guerra. Segundo, el Estado está obligado constitucionalmente a defender la vida y bienes de los ciudadanos, y parte de esa obligación es sacar a la guerrilla de estos territorios, de los que no se irán voluntariamente. Una disyuntiva que también está siendo usada a conveniencia por los actores armados. En estas circunstancias es muy difícil pensar en cualquier esfuerzo de iniciar un diálogo que pueda fructificar en un acuerdo de paz. No se trata de un grupo guerrillero que tiene control territorial permanente sobre determinadas zonas del país, ni se trata de un grupo con verdaderas reivindicaciones sociales. Las Farc se volvieron una banda delincuencial que ataca y huye, que vive del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, y que no parece dispuesta a mostrar su voluntad de paz. ¿Cómo se puede negociar con ellos?