El desafío indígena
Por León Valencia
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Sábado 21 Julio 2012
Revista Semana.com
Algo muy profundo está ocurriendoen el Cauca. Un movimiento indígena sin armas, invocando el derecho a la autonomía y a la paz, se ha propuesto sacar de sus territorios a las guerrillas y a la fuerza pública. Parece una locura. Pero las imágenes de soldados zarandeados y desalojados de sus puestos, de guerrilleros arriados o capturados por la guardia de estas comunidades le dan visos de realidad a esta decisión alucinante.
Ante esto el presidente Santos luce completamente desconcertado. No sabe si negociar o confrontar, y termina mezclando las dos cosas. El expresidente Uribe arremete contra el movimiento acusándolo de ser aliado de las guerrillas e incita a la fuerza pública a que lo enfrente y lo someta. Los medios de comunicación acogen profusamente la imagen de un soldado con su rostro bañado en lágrimas por los atropellos indígenas y condenan a voz en cuello los hechos, pero al día siguiente no saben cómo cubrir las acciones en que muere un joven de las comunidades del occidente y son heridos 22 de los activistas del norte. Las Farc arrecian sus acciones para atizar el enfrentamiento entre los indios y el Estado y sacar partido de la radicalización del movimiento.
El país entero olvida o ignora la dolorosa historia que precede esta arriesgada decisión y no conoce, o no quiere conocer, las razones culturales, sociales e institucionales que tienen los indígenas para intentar una empresa tan extraña y descomunal.
No voy a hablar de la larga historia de olvido y discriminación, de las muertes, vejaciones y humillaciones, que han sufrido estas comunidades ancestrales. Solo voy a enumerar hechos recientes. El programa Somos Defensores dice que en año y medio han sido asesinados 78 defensores de derechos humanos en todo el país y de ellos 32 eran líderes indígenas, buena parte del pueblo nasa del Cauca. La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca señala que las Farc han asesinado 61 comuneros en los últimos años y han intensificado el reclutamiento de jóvenes y el desalojo de poblaciones. Los hostigamientos y ocupaciones al casco urbano de Toribio se acercan a 400, algo que no se ha visto en ningún lugar de Colombia o del mundo. ¿No es esto un drama inmenso?
Pues bien, es este dolor, y no otra cosa, lo que ha empujado a los indígenas a tomar medidas extremas amparados en una decisión que tiene ya 12 años. Acordaron: “Continuar ejerciendo el derecho a la autonomía territorial de acuerdo a los principios históricos, constitucionales, derechos internacionales y normas en relación con la madre naturaleza. No permitir que los jóvenes indígenas ingresen a los grupos armados, so pena de perder sus derechos como indígenas. Exigir respeto hacia los caciques y mártires indígenas y reclamar que ningún grupo armado use sus nombres. Ejercer el control territorial a través de las autoridades indígenas, de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las normas de la comunidad”. Una orden aprobada por el Cabildo de Jambaló a mediados del año 2000 y acogida por el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Que los sabios en derecho digan si aquí no hay una clara inspiración en la Constitución de 1991 que en su artículo 7 reza: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y en su artículo 22 dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Para deslegitimar el propósito les gritan a los indígenas que la guerrilla está infiltrada ¡Gran descubrimiento! Cuando son ellos los que denuncian a diario el reclutamiento de sus hijos y los atropellos de estas fuerzas.
La torpeza del gobierno es infinita. Tiene a la mano un auténtico movimiento pacifista con el cual puede pactar unas reglas de juego para contener a las fuerzas irregulares sin dañar para nada el orden constitucional y la soberanía nacional y en vez de ello se dedica a hacerles eco a las voces que vituperan y estigmatizan a las organizaciones indígenas. O algo más audaz: buscar un acuerdo con las Farc para sacar a los indígenas del conflicto como primer paso hacia una paz negociada. Estaríamos ante un verdadero quiebre histórico.
Ante esto el presidente Santos luce completamente desconcertado. No sabe si negociar o confrontar, y termina mezclando las dos cosas. El expresidente Uribe arremete contra el movimiento acusándolo de ser aliado de las guerrillas e incita a la fuerza pública a que lo enfrente y lo someta. Los medios de comunicación acogen profusamente la imagen de un soldado con su rostro bañado en lágrimas por los atropellos indígenas y condenan a voz en cuello los hechos, pero al día siguiente no saben cómo cubrir las acciones en que muere un joven de las comunidades del occidente y son heridos 22 de los activistas del norte. Las Farc arrecian sus acciones para atizar el enfrentamiento entre los indios y el Estado y sacar partido de la radicalización del movimiento.
El país entero olvida o ignora la dolorosa historia que precede esta arriesgada decisión y no conoce, o no quiere conocer, las razones culturales, sociales e institucionales que tienen los indígenas para intentar una empresa tan extraña y descomunal.
No voy a hablar de la larga historia de olvido y discriminación, de las muertes, vejaciones y humillaciones, que han sufrido estas comunidades ancestrales. Solo voy a enumerar hechos recientes. El programa Somos Defensores dice que en año y medio han sido asesinados 78 defensores de derechos humanos en todo el país y de ellos 32 eran líderes indígenas, buena parte del pueblo nasa del Cauca. La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca señala que las Farc han asesinado 61 comuneros en los últimos años y han intensificado el reclutamiento de jóvenes y el desalojo de poblaciones. Los hostigamientos y ocupaciones al casco urbano de Toribio se acercan a 400, algo que no se ha visto en ningún lugar de Colombia o del mundo. ¿No es esto un drama inmenso?
Pues bien, es este dolor, y no otra cosa, lo que ha empujado a los indígenas a tomar medidas extremas amparados en una decisión que tiene ya 12 años. Acordaron: “Continuar ejerciendo el derecho a la autonomía territorial de acuerdo a los principios históricos, constitucionales, derechos internacionales y normas en relación con la madre naturaleza. No permitir que los jóvenes indígenas ingresen a los grupos armados, so pena de perder sus derechos como indígenas. Exigir respeto hacia los caciques y mártires indígenas y reclamar que ningún grupo armado use sus nombres. Ejercer el control territorial a través de las autoridades indígenas, de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las normas de la comunidad”. Una orden aprobada por el Cabildo de Jambaló a mediados del año 2000 y acogida por el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Que los sabios en derecho digan si aquí no hay una clara inspiración en la Constitución de 1991 que en su artículo 7 reza: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y en su artículo 22 dice: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Para deslegitimar el propósito les gritan a los indígenas que la guerrilla está infiltrada ¡Gran descubrimiento! Cuando son ellos los que denuncian a diario el reclutamiento de sus hijos y los atropellos de estas fuerzas.
La torpeza del gobierno es infinita. Tiene a la mano un auténtico movimiento pacifista con el cual puede pactar unas reglas de juego para contener a las fuerzas irregulares sin dañar para nada el orden constitucional y la soberanía nacional y en vez de ello se dedica a hacerles eco a las voces que vituperan y estigmatizan a las organizaciones indígenas. O algo más audaz: buscar un acuerdo con las Farc para sacar a los indígenas del conflicto como primer paso hacia una paz negociada. Estaríamos ante un verdadero quiebre histórico.