CARLOS E. CAÑAR SARRIA
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El execrable asesinato del niño Luís Santiago Lozano cometido por su propio padre en alianza con otros criminales ha sensibilizado y puesto sobre el tapete el problema de la vulnerabilidad de los niños en un país que parece no diseñado para ellos. La masiva expresión colectiva en contra del secuestro y posterior asesinato del menor ha colmado de indignación a todos los colombianos de bien, que horrorizados observamos –gracias a los medios de comunicación- el triste y doloroso desenlace.
Actos de barbarie como éstos demuestran el alto grado de descomposición social en un país donde a diario se vulneran los derechos de los colombianos y en especial los derechos de los niños. La trágica debilidad del Estado y la indiferencia social para proteger a los niños, a muchos ha hecho pensar en la necesidad de asumir leyes más contundentes y eficaces que puedan remediar la dramática situación que exige a gritos medidas preventivas y correctivas sobre uno de los problemas más candentes de nuestra sociedad.
El caso de Luís Santiago, es un trasunto de todo lo que les sucede a diario a cientos de niños y niñas en Colombia. Hay abandono de la niñez por todos lados. En las calles, en humildes ranchos, en los parques, en los andenes, en las entradas de las iglesias, en los semáforos, en las galerías, etc. Niños que sufren los abusos y la indiferencia colectiva y enfermiza de una sociedad que vive al vaivén de los más recientes acontecimientos y que está dada al pronto olvido.
Son muchos los niños en este país que padecen hambre y abandono. Enfermos, desnutridos, harapientos, destechados, maltratados, abusados sexualmente, prostituidos, reclutados por grupos ilegales, desplazados por la pobreza y por la violencia, explotados laboralmente, masacrados, etc.
Antes que leyes más severas para quienes atentan contra la integridad física y moral de los niños, es necesario construir una cultura y una pedagogía por los derechos de los niños. Que el clamor no sea coyuntural sino expresión colectiva y permanente. No esperar que se sigan repitiendo actos como los que condujeron al secuestro y asesinato de Luís Santiago. La solidaridad y el amor por los niños deben demostrarse permanentemente. La posición y actitud del presidente Álvaro Uribe Vélez de no estar de acuerdo con la cadena perpetua o pena de muerte para quienes cometan delitos atroces contra los niños y niñas es sensata. Pensamos que hay que comenzar primero por depurar éticamente la sociedad, el Estado y sus poderes. En la práctica- dadas las perspectivas de vida de los colombianos- condenas de más de sesenta años significan cadenas perpetuas. Colombia antes que todo, requiere de un Estado solidario, de unos legisladores pulcros y competentes, de una rama judicial coherente y capaz de garantizar una justicia pronta y verdadera.