CARLOS E. CAÑAR SARRIA
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El país se encuentra escindido en relación al paro judicial que hoy completa 41 días. Reseñamos apartes de noticias de prensa, editoriales y columnistas que dan para todo: Que es justo y legal dicen unos, que es injusto e inconstitucional, dicen otros. Que la credibilidad del sistema judicial está en el piso. Que los jueces se niegan a impartir justicia y lesionan la convivencia pacífica. Que con todo lo que ganan quieren más. Que piden mucho pero hay poca eficiencia y eficacia. Que al ajustar por decreto los salarios de los trabajadores de la Rama Judicial, el Gobierno se estiró hasta donde el presupuesto lo permitía. Que hay terquedad en Asonal y su negativa vulnera los derechos de 44 millones de colombianos. Que tres millones de procesos se encuentran represados, la delincuencia campea y cientos de enfermos graves esperan tutelas resueltas. Que algo huele mal en el paro de la Justicia, hay conjueces que están diligenciando tutelas de los trabajadores de la rama judicial relacionadas con demandas salariales y laborales.
Que el paro es justo, exigencias y requerimientos de los huelguistas se ajustan al problema de la nivelación salarial ordenado por la Ley 4ª de 1992, la cual quedó en veremos para la mayoría de funcionarios judiciales y sólo cobijó a los magistrados de las altas cortes y Tribunales pero los demás que se chupen los dedos. Que esto es inequitativo y se contrapone a la democracia. Que han pasado diez años desde la nivelación de los magistrados y hasta hoy no hay solución diferente al expediente transitorio de primas temporales y antitècnicas, paños de agua tibia. Que con la aprobación reciente del Congreso del proyecto que permite la reelección presidencial para el 2014, nos estaríamos ahorrando 130.000 millones que cuesta el referendo de la reelección y que se podrían utilizar en la solución del conflicto. Que el paro es justo, pues “La mal llamada ‘tutelitis’, las nuevas acciones de protección directa de los derechos -acciones de grupo, acciones populares y acciones de cumplimiento-, la Ley de Justicia y Paz, y la criminalización de las relaciones sociales, son sólo algunos ejemplos de cómo el Estado acude a la rama judicial en una especie de cláusula general de competencia que demanda más trabajo, más congestión y, por lo tanto, más gerencia y atención a los problemas administrativos, salariales y laborales de la rama”. (Carlos Medellín, ex ministro de justicia, Revista Cambio, Edición 797, 9-15 octubre, 2008).
Que al Gobierno le tocó recurrir a la Conmoción Interior que otorga al Ejecutivo facultades legislativas para reducir el impacto de la inactividad de la rama judicial, dictar decretos con fuerza de ley o suspender la vigencia de algunas leyes. Que con esta medida cada vez se constata más el autoritarismo presidencial y el menosprecio del actual Gobierno por la Justicia. Que como consecuencia de la conmoción interior- por miedo a perder el trabajo- tendrán que levantar el paro jueces, fiscales y demás empleados.