Hace unos días escuchamos en entrevista televisiva a la senadora liberal Cecilia López Montaño, quejarse del desprestigio del Congreso y de las críticas que tiene que aguantar por hacer parte de esa rama del poder público. Reconoció la senadora la falta de legitimidad del Congreso y la desconfianza que generan sus miembros.
En una sociedad moderna y democrática, los poderes del Estado deben estar concentrados en garantizar la vigencia de los derechos y la consecución de unos niveles de vida acordes con la dignidad y tranquilidad de las personas. Al Legislativo le compete la tarea de hacer leyes útiles a la sociedad. Un país como Colombia, de tantos males y tantas tragedias, requiere de legisladores comprometidos con el bien público y en la resolución de los problemas más prioritarios. Por ejemplo, las profundas desigualdades socioeconómicas conllevan a encarar temas como el empleo, la educación, la vivienda, los servicios públicos, la salud, etc. Es decir, problemas referentes a la materialización de los derechos esenciales y en especial los sociales y económicos que impliquen la consolidación de una sociedad incluyente donde todos puedan disfrutar de los beneficios de la economía y no suceda que el crecimiento económico sólo favorezca a los ricos. El crecimiento económico pierde toda significación si no está acompañado de desarrollo social.
Mientras se observe y se sienta que el papel de los congresistas va en detrimento de las condiciones de vida de la gente, difícilmente los legisladores podrán lograr la confianza de los asociados. Reformas tributarias, laborales, pensionales, al régimen de salud, al agro, educativas, etc., jamás serán bien vistas o admitidas, si no están encaminadas a garantizar el bienestar físico y mental de las personas.
Mientras se observe y se sienta a congresistas dedicados a discusiones bizantinas desestimando lo prioritario, difícilmente los legisladores conseguirán confianza y credibilidad. El Congreso no debe estar para pendejadas. Como para la propuesta que hizo hace casi un año el senador Edgar Espínola, de multar a maridos o mujeres infieles y ‘alcahuetes’ y pretendía que la infidelidad comprobada fuera sancionada con 20 salarios mínimos y someter a los infieles a trabajos sociales en los fines de semana. Polemiza ahora, la iniciativa- con poca acogida- del senador del Partido de la U, Armando Benedetti, que busca que los padres no puedan poner a sus hijos nombres que los ridiculicen y facultar a progenitores para decidir si los menores llevan primero el apellido del padre o de la madre. ¿Será esto tarea prioritaria del Congreso? Aclaramos: ¡No todos los congresistas son bizantinos y descomprometidos socialmente!
Coletilla: El país continuará unido por la libertad de todos los secuestrados. Soldados, policías y civiles esperan la libertad.