La salud, derecho fundamental

CARLOS E. CAÑAR SARRIA
carlosecanar@hotmail.com
La salud se ha convertido en un lucrativo negocio para las empresas que prestan este ‘servicio’ y en un calvario para los pacientes. Las EPS son las más beneficiadas con los abusos que tienen que soportar diariamente los usuarios. Los Planes Obligatorios de Salud, POS, son supremamente restrictivos a la hora de formular medicamentos y de asumir tratamientos que exigen las diferentes enfermedades y dolencias que aquejan a los colombianos. Al Estado sólo le ha importado beneficiar a un grupo selecto de mercaderes de la salud en detrimento del bienestar físico y mental de las personas. Son múltiples las trabas que se les ponen a los usuarios y pacientes para la consecución de citas médicas, para la formulación, obtención de medicamentos y demás procedimientos a los que tienen derecho. Hasta el momento la Tutela ha sido una de las alternativas constitucionales más eficaces y recurrentes de los pacientes ante la renuencia de EPS y hospitales para responder seriamente a los requerimientos y necesidades de quienes sienten amenazadas su salud y sus vidas.
Por fortuna, la Corte Constitucional acaba de proferir la sentencia T-760 de 2008 mediante la cual exige al Estado disponer los mecanismos necesarios para materializar y proteger el derecho a la salud, hasta el momento vilipendiado en este país. Por fin la Corte reconoció que la salud es un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento. No se tolerará más trabas, negligencias, trámites burocráticos y demàs obstáculos o negativas para la prestación del servicio de salud y por lo tanto el sistema debe garantizar medicamentos, procedimientos y tratamientos sin necesidad de recurrir a la tutela.
Vendrán cambios sustanciales en cuanto a claridad respecto de los derechos que contienen los POS, estos derechos no pueden ser distintos basados en la capacidad de pago de los usuarios y habrá unificación en los regímenes contributivo y subsidiado; se evitarán demoras y negativas a los servicios médicos; EPS, hospitales y entes territoriales contarán con sostenibilidad financiera con ágiles desembolsos y compensaciones, etc.
Los cambios seguramente se traducirán en el ejercicio de la profesión médica, pues los médicos no podrán limitar fórmulas y exámenes y contarán con mayor libertad, sin que sigan expuestos a las dictaduras de las EPS y de los hospitales que les obliga a restringir medicamentos, tal como hace unos meses, un galeno le exponía a El Tiempo: “Donde yo trabajo nos calculan todo en porcentajes. El tope de formulación es del 65 por ciento, es decir que de 20 consultas, podemos recetar más o menos a 12 o 13 pacientes, y lo mismo para laboratorios, remisiones, radiología e imágenes diagnósticas”. El derecho al trabajo de los médicos dejará de ser una amenaza ante las alternativas de recetar o no hacerlo, de ordenar exámenes o no, de remitir o no pacientes a especialistas por temor a perder su puesto, ya de por sí mal retribuido salarialmente por un Estado que da a los médicos un trato de profesionales de tercera y que en los últimos siete años les ha bajado a los estratos 3 y 4. Ojalá se pueda reivindicar salarialmente a los médicos, muchos de los cuales son abnegados servidores públicos.