La familia es considerada la célula básica de la sociedad. En ella no sólo se fomentan relaciones afectivas entre sus miembros, sino que es el escenario donde se adquieren valores y actitudes que posteriormente contribuyen a caracterizar la personalidad. La crianza familiar es el punto de partida del proceso de socialización del individuo, que posteriormente se refuerza en la escuela, en el barrio y en todos los espacios donde el ser humano desarrolla su historia.
El Estado debe garantizar los medios para propender en niños y jóvenes una educación con calidad, secundada por unos valores ético-ciudadanos que les permita en el futuro descollar con éxito en la sociedad. El Artículo 5 de nuestra Carta Política señala: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. A esto hay que agregar el Artículo 16: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.
Tiene razón el presidente Álvaro Uribe Vélez de oponerse tajantemente a la dosis personal de estas drogas que a diario destruyen vidas, hogares y degradan permanentemente la sociedad. Oponerse a la penalización de la denominada dosis personal es un acto de insensatez, de injusticia y de depravación. La protección de las familias y el libre desarrollo de la personalidad no se evidencian, entre otras cosas, con la legalidad de la dosis personal de marihuana o cocaína.
Los niños y jóvenes colombianos requieren de unas familias comprometidas en valores y principios, además de un Estado que vele por sus derechos. Garantizar el derecho a la educación, a la formación en valores morales, al aprendizaje de habilidades y destrezas laborales, al fomento de la lectura, de la escritura, del arte, de la música, del deporte y la recreación sana deben ser prioridades de gobiernos y legisladores.
Las ciudades colombianas están repletas de personas que deambulan por las calles o se concentran en los parques para consumir drogas. Estas personas que destruyen su salud y sus vidas; que acaban con sus familias y representan un problema social, bien podrían tener otras opciones y otros proyectos de vida, si gobernantes y legisladores, en lugar de asumir actitudes permisivas, adoptasen medidas preventivas y correctivas.
Rescatar a los jóvenes del infierno de las drogas dándoles otras opciones de vida, sería proteger la familia y materializar el libre desarrollo de la personalidad. Este derecho no se puede confundir con libertinaje. En una sociedad donde no es clara la diferencia entre legalidad y moralidad la dosis personal es un despropósito. Por eso no pocos jóvenes, creen equivocadamente, que el uso personal de marihuana y cocaína no está mal por ser legalmente permitido.
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