Fabio Arévalo Rosero MD*
El tráfico de motocicletas aumenta vertiginosamente. En el año 2000 circulaban en Colombia una moto por cada cuatro carros particulares. Hoy la situación se está emparejando, con riesgo de tomar ventaja las primeras, que en los últimos cinco años crecieron un 300%. La responsabilidad de su proliferación recae en el estado que ha permitido el ingreso de motos de bajo costo y ha facilitado su compra. No hay control sobre comercializadoras que ofrecen tentadoras promociones. El gobierno nunca impuso restricciones a su uso, al contrario estimuló su tenencia. Muestra de ello es que las motos no pagan peajes, los requisitos para adquirirlas son mínimos y no hay una exigencia de seguros como en los carros. Las motos sólo tienen incentivos, pues además pagan bajísimos impuestos.
El estado ha sido permisivo al no tomar medidas a tiempo ni sentar una normatividad rigurosa y oportuna. A esto se suman otros beneficios no muy legales, como andar por el carril que quieran, meterse entre los carros y violar señales de tránsito. Ha faltado autoridad para poner orden y control sobre éstos vehículos.
Por otro lado el desempleo, el auge de la economía emergente o rebusque y un mal servicio del transporte público, son razones que explican la expansión de este fenómeno. Para el estado su propia creación es como un monstruo con muchas cabezas que toca distintas problemáticas sociales como el empleo, la salud y la contaminación.
Frente a ello la improvisación ha sido la respuesta del gobierno y más en lo local cuando los alcaldes no están bien rodeados. Lo demuestran las facilistas normas restrictivas como el pico y placa, la prohibición de parrillero y las zonas de circulación prohibida. El fundamento de la restricción vehicular va más allá de mejorar las condiciones de movilidad. Es un ejercicio de democracia para evitar que una minoría "poderosa" se convierta en el imperio del espacio público como son los dueños de carros privados.
Los motociclistas no son parte de los privilegiados en la calzada, ni tampoco tienen mayor responsabilidad en el colapso del tráfico. En el espacio que ocupa una camioneta alcanzan 10 motos. El problema si es el alto riesgo de accidentes y la contaminación especialmente por los motores de dos tiempos, cuya venta debió prohibirse hace muchos años. La generalidad de conductores de motos son personas respetables y por unos pocos desadaptados no pueden pagar la mayoría. De allí que las medidas prohibitivas no son más que paliativos irresponsables de gobernantes escasos de iniciativas que atacan a los más débiles y que hasta se apoyan en empresas de transporte público, con injerencia electoral. Por años los motociclistas han sido perseguidos con batidas y restricciones, sin lograr para la sociedad ventajas significativas en seguridad y en la reducción de la accidentalidad. Han sido medidas inefectivas.
La tarea estatal debería ser pedagógica y didáctica, con voluntad política de invertir recursos suficientes en convivencia y educación. Ello debe primar sobre las obras faraónicas como puentes elevados y más calzadas para estimular el uso de los carros. Podemos convivir con las motos con ciertas normas, no se trata sólo de que los motociclistas usen casco y chaleco, tienen que ir a cierta velocidad, no pueden cambiar de carriles, no pueden ir por el carril rápido como si nada, no pueden subirse a los andenes, no pueden atravesarse.
Si no hay voluntad política, no pasa nada. Se requieren con prioridad generosos recursos para invertir en educación ciudadana, productividad y bienestar social. Estas acciones, en vez de excesos contra los motociclistas, pueden volverlos contributivos, parte de la ciudad y en capacidad de autorregularse. Por las buenas también es posible un uso racional y prudente de estos vehículos.
*Consultor Ecoplan International Asesor Fundación Movilidad Madrid (España