por:
LUCY AMPARO BASTIDAS PASSOS
En la costa pacífica como si estorbaran algunas comunidades negras han sido desalojadas de sus tierras. Los nuevos dueños las han destinados a enormes sembríos de palma de aceite, de pino o a la ganadería. La propiedad de la tierra mucho tiene que ver con la violencia en Colombia, pues durante el conflicto se han apoderado de seis millones de hectáreas los paramilitares y sus testaferros, que actúan en alianza con algunos empresarios, narcotraficantes y políticos.
Ante el grave problema que el desplazamiento origina, se creó la Ley 975 como facilitadora de los procesos de paz. Un tema que aborda es la reparación a las víctimas de la violencia y se establece el deber de devolverles sus predios; el Incoder que es el instituto encargado de recuperar esas tierras, solo ha adjudicado hasta ahora cinco mil hectáreas.
Lo complicado en estas adjudicaciones es que no se considera la reparación integral, que incluya además de la entrega de sus parcelas, el derecho de los campesinos a tener seguridad, no solo la de los fusiles, sino que encuentren facilidades para cultivar; vías de comunicación para sacar sus productos; que sus hijos estén mejor alimentados, que puedan acudir a un puesto de salud y a la escuela, es decir, que cuando regresen al campo sea con gusto y con garantías sociales.
Por otra parte la tierra y la buena voluntad a secas, no dan frutos, pues el principio económico dice que la tierra y la mano de obra deben estar acompañadas de capital. Las políticas productivas deben volverse eficientes con paquetes tecnológicos racionales, y con subsidios a los campesinos sin la dispendiosa tramitología en la que se exige llenar extensísimos formularios, que la mayoría de los desplazados no pueden escribir, pues a duras penas algunos saben firmar.
El gobierno sabe que los apoyos para competir en el campo son necesarios y por ello a los grandes productores les otorga cuantiosos subsidios, muchos en contraprestación a los enormes aportes para sus campañas políticas. Es el caso de Ardila Lulle, uno de los mayores aportantes para la campaña del actual presidente, y que hoy recibe grandes subsidios en la producción de caña de azúcar para el controvertido mercado del biocomustible.
Si se subsidia a los grandes, con mayor razón lo requieren los medianos y pequeños productores, o si no la tierra ¿para que?
En la costa pacífica como si estorbaran algunas comunidades negras han sido desalojadas de sus tierras. Los nuevos dueños las han destinados a enormes sembríos de palma de aceite, de pino o a la ganadería. La propiedad de la tierra mucho tiene que ver con la violencia en Colombia, pues durante el conflicto se han apoderado de seis millones de hectáreas los paramilitares y sus testaferros, que actúan en alianza con algunos empresarios, narcotraficantes y políticos.
Ante el grave problema que el desplazamiento origina, se creó la Ley 975 como facilitadora de los procesos de paz. Un tema que aborda es la reparación a las víctimas de la violencia y se establece el deber de devolverles sus predios; el Incoder que es el instituto encargado de recuperar esas tierras, solo ha adjudicado hasta ahora cinco mil hectáreas.
Lo complicado en estas adjudicaciones es que no se considera la reparación integral, que incluya además de la entrega de sus parcelas, el derecho de los campesinos a tener seguridad, no solo la de los fusiles, sino que encuentren facilidades para cultivar; vías de comunicación para sacar sus productos; que sus hijos estén mejor alimentados, que puedan acudir a un puesto de salud y a la escuela, es decir, que cuando regresen al campo sea con gusto y con garantías sociales.
Por otra parte la tierra y la buena voluntad a secas, no dan frutos, pues el principio económico dice que la tierra y la mano de obra deben estar acompañadas de capital. Las políticas productivas deben volverse eficientes con paquetes tecnológicos racionales, y con subsidios a los campesinos sin la dispendiosa tramitología en la que se exige llenar extensísimos formularios, que la mayoría de los desplazados no pueden escribir, pues a duras penas algunos saben firmar.
El gobierno sabe que los apoyos para competir en el campo son necesarios y por ello a los grandes productores les otorga cuantiosos subsidios, muchos en contraprestación a los enormes aportes para sus campañas políticas. Es el caso de Ardila Lulle, uno de los mayores aportantes para la campaña del actual presidente, y que hoy recibe grandes subsidios en la producción de caña de azúcar para el controvertido mercado del biocomustible.
Si se subsidia a los grandes, con mayor razón lo requieren los medianos y pequeños productores, o si no la tierra ¿para que?
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