Hace pocos meses, El Tiempo (14.04.08) publicó una columna de Ernesto McCausland titulada “las guerras del mototaxismo”. En ella se expresa, entre otras cosas, que “el mototaxismo es el hijo motorizado de la pobreza”, que dicha actividad está generando protestas frecuentes en el país y en algunas ciudades saldos trágicos como en Sincelejo donde perdió la vida un menor de 17 años; lo mismo trastornos en las actividades cotidianas en Barranquilla y en Turbaco (Bolívar) donde fue bloqueada la Troncal.
Señala desmanes de parte y parte. De un lado, el mototaxismo ha acrecentado los índices de accidentalidad por las peripecias de irresponsables conductores con sus “sillas eléctricas móviles”. Y por otra parte, el denominado transporte ‘organizado’ que lejos de prestar un servicio cómodo y seguro “apretuja en máquinas infernales diariamente a millones de colombianos” sometidos a las ‘guerras del centavo’. Que las empresas sienten el descenso del número de pasajeros pero tienen la ventaja y el poder de ser influyentes en términos electorales. Agrega que esta expresión de economía informal no es una práctica exclusiva de Colombia. En otros países latinoamericanos y europeos también se da, incluso en algunos se han generado legislaciones que validan la actividad y funcionan sin dificultades con el denominado transporte ‘organizado’.
El pasado martes en Popayán se realizó un paro de transporte que condujo a la Administración Municipal a asumir medidas como prohibir el mototaxismo y hacer restricciones al transporte de motocicletas. El problema no es fácil de resolver por parte de las administraciones locales, es más un asunto del Ministerio de Transporte y del Congreso. A esto hay que añadir que el proyecto que hace tránsito en el Congreso es ambiguo y ni “prohíbe, restringe o autoriza el mototaxismo”, lo cual contribuye al caos.
El paro en Popayán generó trastornos en las actividades cotidianas pero sirvió para constatar que los trancones, los ruidos estridentes, el desorden vehicular y la contaminación ambiental los produce más el servicio público que los vehículos particulares. Se observó y sintió una ciudad más organizada, más tranquila, más segura, más solidaria y más hermosa. Muchos piensan que el gobierno del “bienestar para todos” debe reconsiderar el pico y placa que hasta el momento sólo será exigido a los vehículos particulares. Todos debemos contribuir en una mejor calidad y cantidad de vida.
Es conveniente acatar las decisiones gubernamentales, acabar la ‘guerra’ entre los actores en conflicto y superar las acciones de hecho. Los gobiernos y legisladores -sin que nadie se sienta perjudicado- deben buscar y aplicar estrategias de opciones laborales, que permitan que todos los habitantes y ciudadanos tengan derecho al trabajo y a la convivencia pacífica.