Congreso: ni legal ni legítimo
CARLOS E. CAÑAR SARRIA
CARLOS E. CAÑAR SARRIA
No hay que confundir la legalidad con la legitimidad. Es posible que lo uno comprometa lo otro pero no son la misma cosa. En los círculos políticos y en los medios de comunicación se escucha con mucha frecuencia sobre la crisis de legitimidad del Congreso de la República. La parapolìtica ha hecho que gran parte de los congresistas esté en la cárcel y otra no desestimable cantidad de corporados esté siendo investigada.
Un Congreso es legal si fue elegido mediante mecanismos legales y si en el ejercicio de sus funciones actúa de acuerdo a los requerimientos de la Constitución y de las leyes. Los congresistas representan al pueblo y su actuar debe estar basado en la justicia y en el bien común. Al menos así lo estipula la Constitución. Los senadores y representantes elegidos mediante el voto popular “son responsables políticamente ante la sociedad y frente a los electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.
Un Congreso es legítimo si logra conseguir consenso, es decir en la medida en que sus electores y el pueblo en general estén satisfechos con el Congreso que tienen. Cuando existe inconformidad generalizada con respecto a quienes ejercen autoridad o algún tipo de poder, se dice que hay crisis de legitimidad. Y esto es aplicable en todo tipo de sociedad polìtica o en todo escenario donde se expresen relaciones de poder; llámense sociedad familiar, estatal, laboral, educativa, etc.
Lo ideal es que todos los congresistas pudieran ser legales y legítimos al mismo tiempo, pero ello es verdaderamente difícil. Como están las cosas, el Congreso ni es legal ni es legítimo. Que no todos los congresistas están emproblemados, que no todos tienen cuentas pendientes con la justicia, que hay personas ejemplares entre sus corporados es muy cierto. Pero cuando casi todos los partidos están salpicados por la parapolìtica y cuando hasta la presidenta del Congreso está siendo investigada por la misma causa, hay señales evidentes de crisis de legalidad y de legitimidad del Congreso. Crisis que algunos proponen superar con la convocatoria de unas nuevas elecciones, con una revocatoria, con una reforma polìtica o con una asamblea constituyente. El ex presidente Ernesto Samper y el senador liberal Héctor Elí Rojas son partidarios de la primera propuesta.