Por: Gabriel Bustamante Peña
¿Pescando en río revuelto?
El doctor Fernando José Sánchez, refiriéndose al proyecto del puente de la 17 (en la Esmeralda), escribió en su columna del pasado 8 de abril que: “En vez de unirnos todos los payaneses y buscar la materialización rápida de la obra, obviamente sin atropellar los derechos de los habitantes afectados en la zona, un aspirante a la alcaldía de Popayán, por el Polo, trata de pescar en río revuelto.”
Lo primero que hay que aclarar es que en el Consejo Comunitario se entregó una carta al Presidente de la República y al director de Invias, respaldada por más de mil firmas de habitantes del sector de la Esmeralda, la cual contenía una petición concreta: solicitar una audiencia pública para que se explique y socialice el proyecto. Petición que fue avalada por el presidente Uribe en el mismo Consejo Comunitario.
Lo anterior más que una discusión política es una discusión técnica, sustentada en la preocupación que diversos sectores de la ciudad tienen ante la falta de claridad del proyecto. Recuerde doctor Sánchez, que en el mismo Consejo Comunitario que usted menciona, el Presidente solicitó el proyecto y el alcalde no lo tenía, preguntó quién lo había hecho y la respuesta de nuestro burgomaestre fue: Felipe Fabián Orozco; ante la sorpresa de los asistentes y todos los que vieron la transmisión del Consejo por el canal institucional.
Una audiencia pública no es un “palo en la rueda”, por el contrario, es un requisito obligatorio para la aprobación de cualquier proyecto de estas magnitudes; y en ella esperamos se explique, insisto, técnica no políticamente, aspectos como: el estudio de movilidad que justifica la construcción del Puente; el estudio de impacto ambiental que se concreta en la respectiva licencia que otorga la CRC, el estudio de predios que debe realizar el Agustín Codazi, cuando se van a expropiar bienes; el estudio de acueducto y alcantarillado de todas las redes que del sur, del norte y del centro de la ciudad desembocan al punto donde se pretende construir un puente subterráneo; la disponibilidad presupuestal del aporte de la alcaldía a la obra y al pago de las expropiaciones y las indemnizaciones (recordemos que la alcaldía está bajo la ley 550 o de quiebra económica); y la más importante, el estudio de impacto socio económico, ya que deben demostrar que el daño social y económico que causa la obra no es mayor que el beneficio que pretende generar; y el mismo estudio debe darle alternativas a la gente del sector que perderá su casa o su negocio.
En la página WEB de la alcaldía ya se habla de convocatoria a licitación por parte de Invias, pero ¿qué pasaría si una firma constructora se gana la licitación, y por ejemplo, la CRC no da la licencia ambiental al proyecto o la comunidad interpone una acción popular para defender sus derechos colectivos? ¿Acaso otra demanda de miles de millones como la que cursa contra el municipio actualmente?
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