LA VERGÜENZA PATOJA
MARCO ANTONIO VALENCIA
El agua es un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, pero por culpa de la deforestación, la contaminación, la sobre explotación acuífera, por el calentamiento global, por los herbicidas, por la tendencia mundial a privatizarla, y porque hay un considerable aumento de la población, por todo eso y más, no se puede declarar carnavales cívicos dejando al libre albedrío el uso del agua para el juego, sin antes hacer una campaña agresiva de prevención, y sin hacer racionamientos concertados para evitar que se bote de manera indiscriminada como se hizo los días 4, 5 y 6 de enero en la capital del Cauca.
Ya es hora de redefinir el concepto de carnaval en Popayán, como lo han hecho en Quito y Pasto, donde se erradicó la costumbre de “echar agua” y se hacen jolgorios secos. Las fiestas de Pubenza con agua causaron daños al ecosistema y al derecho de la libre locomoción de las personas que no comparten esta nefasta tradición, que además viene acompañada de accidentes, riñas callejeras, abusos físicos y daños a bienes públicos y privados.
Aventar agua en carnavales no es un una costumbre sana, ni un derecho, ni una necesidad vital; se equivocan los que así piensan. Las fiestas se pueden hacer en paz y sin agua, porque la evidencia (fotos y vídeos de la prensa) muestran desmanes, daños y despropósitos. Por lo tanto, en esta ciudad hace falta un estatuto para el uso del agua dentro de las normas de ordenamiento territorial emanado desde el Concejo Municipal.
Cobrarle a toda la ciudadanía los desperdicios de agua me parece una decisión perversa, y otra desfachatez. El uso del agua es un bien común, pero el financiamiento colectivo de su desperdicio en las fiestas por conveniencias electoreras, o por la presión de pequeños grupos con sus intereses creados, no es ético, social ni políticamente.
La riqueza (hoy en día) de las naciones o de un pueblo esta en su agua, y lo que vimos en Popayán fue falta de compromiso oficial para educar, prevenir y controlar desmanes y derroche del precioso líquido. Por lo tanto, los entes de control público deberían investigar (de oficio) a los culpables del desgaste del agua, para pasarles – a ellos si-, la factura económica y ecológica por los daños causados.
Como ciudadano pido a la Alcaldía, al Concejo Municipal y al Acueducto de Popayán revisar su actuación en este asunto de acuerdo al Régimen Municipal, donde se los faculta a “reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios (públicos)”; y en especial el artículo que les ordena dictar “las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.
No puedo terminar la columna sin pedirles a los ciudadanos conscientes de la crisis del agua a nivel mundial, una sanción moral, a los ciudadanos que se dedicaron a “echar agua”, y para aquellos funcionarios que no cumplieron la ley o no la hicieron cumplir.
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