EL TIEMPO
Por José Navia
El campero se detiene a la orilla del precipicio. La carretera, angosta y sin pavimentar, desciende como una enorme boa de color gris entre las montañas del sur del departamento del Cauca.
Una cadena de picos azulosos se extiende en el horizonte hasta donde la vista alcanza. Desde lo alto del despeñadero, el guía apunta su índice derecho hacia los minifundios de color verde biche que salpican las faldas de la montaña, en medio de la vegetación rala, a pocos metros de las viviendas de bahereque y teja de las veredas del municipio de Bolívar.
"Es coca", dice el hombre.
Por más de media hora, mientras el campero baja hacia el valle del Patía y esquiva algunas rocas que se desprendieron de la montaña, el guía señala docenas de cultivos similares.
Algunos habitantes de la zona y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, calculan que el 80 por ciento de la economía de Bolívar aún se mueve por las plantaciones ilícitas.
El alcalde de ese municipio, Esau Perafán, dice que no es más del 15 por ciento.
En lo que todos están de acuerdo es en que los cultivos de coca y amapola son los causantes de buena parte de la deforestación que está arrasando con el Macizo Colombiano, la principal fábrica de agua que tiene Colombia.
En sus breñales nacen unos 50 ríos, entre ellos el Magdalena, Caquetá, Cauca y Patía. Hay unas 200 lagunas y sobreviven unos cuantos osos, dantas y venados.
Multan a indígenas
La laguna de La Magdalena (donde nace el río del mismo nombre) se ha ido reduciendo hasta una décima parte de lo que, según los pobladores, ocupaba hace unos 50 años.
Para llegar a la laguna hay que recorrer unas dos horas a caballo desde el páramo de las Papas. El recorrido es triste. A los lados de la carretera se ven, fantasmagóricas, las chamizas secas y los muñones podridos de lo que antes fueron bosques primarios. Ahora pasta el ganado.
El olor de los agroquímicos que usan por toneladas los cultivadores de papa satura por momentos el aire frío de Valencia, el único caserío de este páramo.
Indígenas, campesinos y terratenientes derribaron cientos de hectáreas de bosque para sembrar papa. "Hay cultivadores de papa de Boyacá, Nariño y Bogotá que vienen, arriendan las tierras por cuatro o cinco años y se van", dice Hernando Anacona, un indígena del cabildo Papallacta, de la etnia yanacona.
Según Anacona, buena parte de los 1.500 habitantes del páramo de las Papas y de otros caseríos del macizo siguen tumbando árboles para echarle leña a sus fogones. Esto, a pesar de que en los últimos cuatro años el Estado electrificó la mayor parte de las poblaciones de la región. Para ellos, la razón es simple: "Es más barato".
"Del Macizo todo el mundo hace fiestas", agrega Anacona. Hasta los mismos yanaconas tumban monte.
"La pobreza y la falta de tierras obliga a muchos a sembrar cerca de las fuentes de agua", dice Rolando Semanate, un curtido líder del cabildo de Pancitará.
Los yanaconas de Pancitará afirman que muchas familias del resguardo tienen que escoger entre respetar las normas o aguantar hambre.
En septiembre pasado, la CRC, autoridad ambiental del Cauca, multó con 130 millones de pesos al cabildo de Pancitará por propiciar la destrucción de unas 30 hectáreas en pleno páramo de Barbillas. Un cultivador de papa al que le habían arrendado esa tierra le metió tractor.
Barbillas es hoy un lugar desolado y triste, cruzado por dos carreteras sin pavimento que van para Almaguer y San Sebastián. Un viento frío barre las lomas casi desnudas de vegetación. Los frailejones son escasos. El hombre comenzó a depredarlo hace más de 40 años para meterle amapola, papa, ganado y ovejas.
A unos cuantos kilómetros de este lugar, en la vía que va para San Sebastián, aparecen al borde la carretera algunos cultivos de amapola. Son sembrados pequeños destinados a la economía familiar. Los campesinos les dicen 'jardines' y alegan son para garantizar la comida de los hijos.
Los campesinos de esta región compran todo o casi todo, hasta los pollos, los huevos o las frutas. Da la impresión de que con la coca y la amapola, los más viejos se olvidaron de la agricultura y los menores de 40 años nunca aprendieron.
Junto a la casas de bahareque se ven motos y camperos. Algunos varados porque no hay plata para la gasolina. Son rezagos de la bonanza, que duró de 1970 al 1995.
La dependencia de estos cultivos aun es tan grande que según el profesor de Lerma (Bolívar) Yimer Tello, las fumigaciones desataron un éxodo de los campesinos en busca de nuevas zonas para cultivar.
"En la zona de La carbonera hay cursos de 40 niños en los que han desertado hasta 30 alumnos", dice.
En el recorrido que hizo EL TIEMPO, tropezó con quemas de monte e, incluso, con un buldozer y una retroexcavadora de un contratista del Estado que echaban tierra y piedras a una fuente de agua en el sector de Palmitas.
Las basuras de casi todos los municipios del Macizo forman montañas putrefactas y el agua de los mataderos y alcantarillas cae sin tratamiento a ríos y quebradas.
Hasta los turistas ayudan a la depredación. En el páramo de Barbillas arrancan los frailejones y se los llevan para adornar las casas. A los ocho días están secos. ¡Muertos!
Alerta en Piamonte
Por estos meses, otra amenaza se cierne sobre el sur del Macizo.
Con la construcción de un puente sobre el río Fragua, que une a Piamonte (Cauca) con el Caquetá, docenas de colonos entraron a comprar hasta 400 hectáreas de zonas de bosque. En uno de esos predios, hacia el río Tambor, ya fueron derribadas unas 30 hectáreas de vegetación.
La CRC cree que allí se está gestando un foco de ganadería extensiva, lo cual significa una partida de defunción para el bosque.
De estos y otros problemas del Macizo existen todos los estudios, planes y proyectos imaginables. Según el director de la CRC, Carlos Hernán Guevara, en los últimos diez años diversas entidades se gastaron más de 14 millones de dólares en estudios que llenan cajas y anaqueles.
"Hay que acabar ya con esa vagabundería de los estudios que solo sirvieron para que unos cuantos consultores vivieran bien", dice Guevara, a quien se nota exaltado por el deterioro inexorable del Macizo Colombiano.
También han existido y existen docenas de movimientos, organismos y proyectos con nombres pomposos; los habitantes del Macizo han expuesto sus problemas en foros, paneles, mesas redondas... han hecho manifestaciones, se han tomado la carretera... Ya se escuchan nuevas voces que llaman a una movilización hacia Bogotá en los próximos meses.
Frente a esto, cada entidad hace lo que puede. Hay múltiples esfuerzos aislados y dispersos que, hasta ahora, no han resuelto los problemas de fondo del Macizo.
Lo más notorio son las siete áreas protegidas por la Unidad de Parques. En estos santuarios se alcanzan a preservar especies de flora y fauna.
El programa con 2.650 familias guardabosques también ha logrado frenar la deforestación en La Sierra, La Vega y San Sebastián. Pero dura tres años y en algunas veredas se acaba en marzo próximo. ¿Y después qué hacemos?, se preguntan los campesinos.
Aún no existen acciones concretas y efectivas para resolver los problemas de fondo, hambre y deforestación.
Hasta ahora se empieza a esbozar una política desde el Estado para tratar de articular todos los esfuerzos dispersos y para propiciar una intervención concertada, masiva, sistemática y perdurable.
Los líos en los Parques Naturales
Desde la falta de dinero, hasta presencia de grupos armados y la falta de planificación y manejo ambiental de las cuencas de los ríos figuran entre los problemas que afectan a las siete áreas protegidas que existen en el Macizo Colombiano.
Julia Miranda, directora de Parques Naturales, afirma que prácticas como la tala indiscriminada, la ampliación de frontera agrícola y la cacería son insostenibles económica, ambiental y socialmente y "ponen en riesgo la oferta ambiental del Macizo Colombiano y por ende el desarrollo regional y nacional".
En el Macizo existen los parques Cueva de los Guácharos, Puracé, Nevado del Huila, Las Hermosas, Alto Fragua Indi Wasi, Complejo Volcánico Doña Juana-Cascabel y Serranía de los Churumbelos.
Prioridad para Ministerio de Ambiente
Desde Balí, donde asiste a la Conferencia sobre Cambio Climático, el ministro de Ambiente, Juan Lozano, aseguró que el Macizo es una prioridad para la entidad a su cargo. Por su parte, la viceministra de Ambiente, Claudia Mora, afirmó que se han hecho grandes esfuerzos para la protección del Macizo, pero que esta es una zona difícil debido a que involucra a 6 corporaciones autónomas, 88 municipios, seis departamentos, además de comunidades indígenas y campesinas y cada entidad tiene un proyectos diferente. Agregó que ese ministerio empezó a trabajar en la creación de una gran política de desarrollo para el Macizo Colombiano.
El gobernador electo del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, manifestó que la defensa ambiental, cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Macizo serán una prioridad durante su administración.
Existen, además, otras iniciativas, como el proyecto de ley que presentó el representante a la Cámara Felipe Fabián Orozco. Este busca que el Macizo sea declarado patrimonio cultural de la Nación del orden ambiental y ecológico.
JOSÉ NAVIA ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO