Por:Gloria Cepeda Vargas
Si la reciente afirmación de Juan Manuel Santos no fuera tan grave, sería motivo de risa y en el mejor de los casos, de piadoso silencio.
El impredecible Ministro de Defensa sostiene que el Estado colombiano no ha tenido participación en los delitos cometidos contra líderes de la oposición y que en consecuencia, el crimen de estado como tal no existe en Colombia. Ante los ojos y los oídos del país, se atrevió a sostener un infundio de este calibre. Lo mismo hizo, en entrevista concedida a un estelar programa nocturno de televisión, el Fiscal General de la Nación.
Dicen que no se puede pedir peras al olmo y nadie más que Santos, conocido por su pericia en las lides de la calumnia y la mediocridad, hace honor a este aforismo, pero que el doctor Iguarán, un funcionario en apariencia ecuánime y consecuente con la dignidad de que fue investido caiga en ese exabrupto, incrementa la desconfianza del pueblo en las ejecutorias del Estado, y un país que no cree en su dirigencia está condenado al estancamiento institucional y al resentimiento social.
Todos sabemos quiénes oprimieron el gatillo asesino en la sien de Manuel Cepeda Vargas; Carlos Castaño, el cabecilla paramilitar se encargó de recordarlo a un país que escuchó su jactanciosa confesión como quien oye llover, y éste fue sólo un episodio en el exterminio de más de cinco mil militantes de la Unión Patriótica, al que se agregan, para vergüenza de esa democracia invocada tantas veces por Walt Whitman, los “falsos positivos” donde niños y jóvenes campesinos pagaron con su vida los pataleos irresponsables y narcisistas del poder. Sería saludable que los congresistas que incumplen con sus obligaciones, ocupados como están en urdir el adefesio de la reelección de Uribe, se preguntaran por qué el TLC –motivo de tantas genuflexiones y afugias presidenciales- todavía danza en la cuerda floja.
Sabemos que es de humanos errar y los hombres que conforman las fuerzas militares –algunos consecuentes con la responsabilidad que soportan, a pesar del lavado cerebral a que son sometidos- son de carne y hueso, que son desquiciantes la presión y las tentaciones que los retan y que gran parte de ellos pertenece al pueblo raso, destinado a callar y obedecer. Entonces ¿no sería mejor que los voceros del gobierno reconocieran su culpabilidad en esta cadena de infamias e hicieran el acto de contrición y el propósito de enmienda que prescribe la santa madre iglesia?
Ni siquiera las embrutecidas masas de la Rusia zarista soportaron el despotismo institucionalizado. No creo que Santos pueda captar la inconveniencia que representan para el prestigio del gobierno sus mentirosas palabras. En Colombia sí hay crímenes de Estado, señores Ministro de Defensa y Fiscal General de la Nación, crímenes tan sanguinarios y reprobables como los cometidos por las hordas insurgentes, y la única manera de remediar lo hecho, es reconocerlo con humildad. Sólo así podrá este Estado enceguecido de soberbia, reparar su malferido talante democrático.
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